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El fundador de Telegram está acusado de facilitar actividades terroristas por no eliminar canales y bots presuntamente utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos. El caso abre un nuevo capítulo en la lucha entre los Estados y las plataformas de comunicación privadas.

Rusia ha acusado formalmente a Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, de colaborar con actividades terroristas y ha iniciado el procedimiento para incluirlo en una lista de búsqueda internacional.

La acusación fue anunciada el 29 de julio de 2026 por el Servicio Federal de Seguridad ruso, más conocido por sus siglas FSB. Según el organismo, Telegram habría incumplido las leyes rusas al no eliminar canales, grupos, conversaciones y bots utilizados presuntamente por los servicios de inteligencia de Ucrania y diferentes organizaciones consideradas terroristas o extremistas por Moscú.

Las autoridades rusas sostienen que esos espacios se emplearon para coordinar actos de sabotaje, atentados, asesinatos y operaciones de fraude informático dentro del país. Durov ha sido acusado en virtud del artículo 205.1 del Código Penal ruso, relacionado con la asistencia a actividades terroristas, un delito que puede conllevar penas extremadamente graves.

La medida representa un giro significativo en la relación entre el Kremlin y una plataforma que continúa siendo fundamental para millones de ciudadanos, periodistas, organismos oficiales y unidades militares tanto de Rusia como de Ucrania.

¿Qué significa estar en una lista de búsqueda internacional?

Algunos titulares han presentado la decisión rusa como una «orden internacional de detención». Sin embargo, jurídicamente es necesario introducir ciertos matices.

El FSB comunicó que Durov estaba siendo incluido en una lista internacional de personas buscadas, pero inicialmente no especificó qué mecanismo utilizaría Rusia ni confirmó la existencia de una notificación roja de Interpol. Reuters señaló que el procedimiento concreto no había sido detallado.

Incluso si Rusia solicitara y obtuviera una notificación roja, esta no equivaldría a una orden de arresto mundial automática. Interpol explica que una notificación roja es una petición dirigida a las policías de otros países para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se estudia su extradición.

Cada Estado decide, de acuerdo con su legislación y sus tratados internacionales, si adopta alguna medida. Interpol tampoco puede obligar a un país miembro a detener o entregar a la persona buscada.

Además, no todas las notificaciones rojas son públicas, por lo que la ausencia de un nombre en el buscador abierto de Interpol no demuestra necesariamente que no exista una comunicación restringida entre cuerpos policiales.

La acusación rusa contra Telegram

La investigación se centra en la supuesta utilización de Telegram por parte de los servicios especiales ucranianos y diversas organizaciones clandestinas.

El FSB acusa a la administración de la plataforma de no retirar numerosos canales y bots empleados para preparar ataques y captar colaboradores en territorio ruso. Uno de los elementos señalados por las autoridades es «Daivinchik/Leo», un popular bot de citas disponible dentro de Telegram.

Según la versión rusa, agentes ucranianos se habrían hecho pasar por mujeres jóvenes para contactar con usuarios, obtener información comprometedora y posteriormente presionarlos para que cometieran sabotajes. El FSB afirma que 46 personas de entre 12 y 22 años fueron detenidas durante el último año después de ser captadas mediante este sistema.

Los presuntos delitos incluirían ataques contra agentes de policía e incendios provocados en instalaciones de transporte, energía, comunicaciones y servicios financieros. Estas afirmaciones proceden de las autoridades rusas y no han sido demostradas ante un tribunal independiente.

Durov rechaza las acusaciones y considera que Moscú está buscando pretextos para reducir el acceso a Telegram y limitar los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

Rusia endurece todavía más su ofensiva

La situación se agravó un día después de anunciarse la búsqueda internacional. El 30 de julio, Rosfinmonitoring —el organismo ruso encargado de la supervisión financiera— incorporó a Durov a su registro de personas relacionadas con el terrorismo y el extremismo.

La inclusión en este listado puede provocar restricciones financieras y facilitar el bloqueo de bienes o cuentas bajo jurisdicción rusa. Reuters informó de la incorporación, que eleva considerablemente la presión personal sobre el empresario.

Telegram respondió desde su cuenta oficial en X publicando una conocida fotografía de Durov realizando un gesto obsceno. El propio empresario también difundió mensajes en los que acusaba al Gobierno ruso de hipocresía.

De VKontakte al exilio

El enfrentamiento entre Durov y el Kremlin no es nuevo.

El empresario nació en San Petersburgo y en 2006 fundó, junto a su hermano Nikolái, la red social VKontakte. La plataforma, conocida habitualmente como VK, acabó convirtiéndose en el equivalente ruso de Facebook.

Durante las protestas contra el Gobierno y, posteriormente, durante el conflicto de Ucrania iniciado en 2014, las autoridades exigieron a VKontakte información sobre usuarios y grupos opositores. Durov aseguró que se negó a entregar esos datos.

Después de perder el control de la empresa, abandonó Rusia y centró sus esfuerzos en Telegram, el servicio de mensajería creado en 2013. Actualmente posee, entre otras, las ciudadanías francesa y emiratí y ha desarrollado buena parte de la actividad de Telegram desde Dubái.

Moscú ya intentó bloquear la aplicación entre 2018 y 2020 después de que la compañía rechazara proporcionar determinadas claves a los servicios de seguridad. El bloqueo resultó técnicamente ineficaz y terminó siendo levantado.

Telegram no es completamente cifrado de extremo a extremo

La confrontación suele presentarse como una batalla entre el cifrado y la vigilancia estatal, pero Telegram tiene una arquitectura más compleja.

Las conversaciones normales, los grupos y los canales utilizan cifrado entre el usuario y los servidores de Telegram. Sus mensajes se almacenan cifrados en la nube para que puedan sincronizarse entre distintos dispositivos.

El cifrado de extremo a extremo —en el que solamente los dispositivos participantes poseen las claves necesarias— está reservado a los llamados «chats secretos». Estos deben iniciarse expresamente, no se sincronizan en la nube y solamente funcionan en los dispositivos desde los que fueron creados.

La propia compañía detalla esta diferencia en sus preguntas frecuentes sobre seguridad y cifrado.

Esto significa que la mayoría de las conversaciones de Telegram no están protegidas de extremo a extremo de manera predeterminada, aunque sí permanecen cifradas durante su transmisión y almacenamiento.

Los canales públicos tampoco son comunicaciones privadas cifradas de extremo a extremo. Pueden ser consultados y moderados por la plataforma, una cuestión especialmente relevante cuando las autoridades acusan a Telegram de negarse a retirar contenidos.

El difícil límite entre plataforma y responsabilidad

El caso plantea una cuestión que afecta a cualquier servicio digital: ¿hasta qué punto debe responder su propietario por los delitos cometidos por los usuarios?

Telegram sostiene que elimina contenido ilegal y atiende peticiones legítimas de las autoridades, pero rechaza construir mecanismos generales de vigilancia o permitir que un Gobierno controle la información disponible en la plataforma.

Los Estados, por su parte, argumentan que una empresa tecnológica no puede limitarse a invocar la neutralidad cuando su infraestructura se emplea para captar menores, organizar atentados, distribuir material delictivo o cometer fraudes.

El problema aparece cuando términos como «terrorismo», «extremismo» o «desinformación» se utilizan también para perseguir a opositores, periodistas y ciudadanos críticos. Rusia dispone de una legislación especialmente amplia en estas materias, aplicada durante los últimos años contra medios independientes y organizaciones contrarias al Kremlin.

Por eso no basta con decidir si Telegram debe moderar contenido. También hay que preguntarse quién determina qué debe eliminarse, mediante qué procedimiento, con qué posibilidades de recurso y bajo la supervisión de qué poder judicial.

Durov también tiene problemas legales en Francia

La persecución rusa no es el único procedimiento judicial al que se enfrenta el fundador de Telegram.

Durov fue detenido en Francia en agosto de 2024 y posteriormente investigado por una serie de delitos relacionados con el uso criminal de la plataforma y su presunta falta de cooperación con las autoridades. La investigación francesa es independiente del procedimiento ruso y no supone que haya sido condenado.

La comparación entre ambos casos resulta inevitable, aunque existen diferencias importantes. Francia abrió un procedimiento judicial sujeto al sistema legal francés y europeo, mientras que las acusaciones rusas aparecen en un contexto de guerra, censura de Internet y confrontación directa entre Telegram y el Kremlin.

En ambos escenarios, sin embargo, se repite la misma pregunta: si una plataforma no puede leer todas las comunicaciones ni controlar anticipadamente a todos sus usuarios, ¿qué grado de colaboración puede exigírsele sin convertirla en una herramienta de vigilancia?

Telegram, una infraestructura difícil de prohibir

Telegram no es únicamente una aplicación de mensajería. Sus canales, bots, grupos multitudinarios y herramientas de automatización la han convertido en una infraestructura de publicación y coordinación.

En Rusia la utilizan medios de comunicación, blogueros militares, políticos, empresas y organismos vinculados al propio Estado. También es esencial para difundir información sobre la guerra de Ucrania, tanto desde posiciones favorables al Kremlin como desde fuentes críticas.

Esa dependencia explica por qué Rusia ha alternado durante años las amenazas, las restricciones y una cierta tolerancia hacia la plataforma. Un bloqueo total también perjudicaría a sectores del aparato estatal y militar que dependen de ella.

Al mismo tiempo, Moscú está promoviendo servicios nacionales como MAX, sobre los que diferentes organizaciones han expresado dudas relacionadas con la privacidad y la posible supervisión gubernamental.

Mucho más que un proceso contra una persona

La búsqueda internacional de Pavel Durov debe interpretarse como parte de una disputa más amplia por el control de las comunicaciones digitales.

Para Rusia, Telegram es una plataforma extranjera que se resiste a obedecer completamente sus leyes y que puede utilizarse para organizar ataques. Para Durov, las acusaciones son un instrumento destinado a debilitar la privacidad, censurar información e impulsar alternativas controladas por el Estado.

Ninguna gran plataforma está libre de abusos. Telegram puede ser utilizada por periodistas y activistas, pero también por estafadores, propagandistas y organizaciones violentas. La existencia de esos abusos no concede automáticamente a ningún Gobierno un derecho ilimitado a vigilar a todos los usuarios.

El desenlace del caso dependerá de si Rusia consigue convertir su anuncio en una medida reconocida por otros países y de cómo respondan Interpol y los sistemas judiciales de los Estados en los que pueda encontrarse Durov.

Mientras tanto, la acusación confirma algo cada vez más evidente: las aplicaciones de mensajería ya no son simples productos tecnológicos. Se han convertido en territorios políticos disputados por empresas, ciudadanos, servicios de inteligencia y Gobiernos.

Fuentes consultadas

• Noticia original de ABC
• Reuters: Rusia acusa a Durov y anuncia su búsqueda internacional
• Reuters: Rosfinmonitoring añade a Durov a su lista de terroristas y extremistas
• Associated Press: Rusia acusa al fundador de Telegram de facilitar el terrorismo
• Interpol: qué es y qué efectos tiene una notificación roja
• Telegram: preguntas frecuentes sobre privacidad y cifrado