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Luca Bonissi, un desarrollador italiano, promotor y voluntario de la Fundación del Software Libre de Europa, se tuvo que pasar dos años en una batalla legal contra la multinacional Lenovo por solicitar el reembolso de una simple licencia de Windows de 42 euros.

Tras dos años y dos litigios, Lenovo fue obligada a pagar daños por 20.000 euros tras negarse a ofrecer el reembolso y forzar a su cliente a tomar parte en un desproporcionado e innecesario proceso legal.

Todo comenzó en 2018, cuando Luca compró un nuevo modelo del ordenador convertible Lenovo Ideapad y decidió que simplemente no quería usar el Windows que llevaba preinstalado. él sabía que podía comunicarse con Lenovo para solicitar un reembolso por un sistema operativo que no iba a usar, y además decidió hacerlo.

Tras la negación de sus solicitudes de reembolso por parte de Lenovo, Luca trató de conseguir ayuda de la Autoridad de Competencia del Mercado de Italia (AGCM), pero cuando esto no lo llevó a nada, Luca decidió tomar acciones legales contra Lenovo.

Como el costo de la licencia de Windows 10 Home con la que venía el portátil era muy baja, Luca pudo acudir a un juzgado para asuntos menores por su cuenta sin contratar abogados. Sin embargo, cuando vio la agresiva defensa que Lenovo montó, decidió contratar ayuda profesional.

En junio de 2019 parecía que las cosas se iban a resolver sin más dramas, el Juzgado de Monza reconoció el derecho de Luca al reembolso y ordenó a Lenovo reintegrar los 42 euros por la licencia de Windows además de 130 euros por los costes procesales.

A Lenovo no le gustó el veredicto y la compañía apeló indicando 15 razones por las que la sentencia tenía que ser revisada en un documento de 59 páginas. Esto extendió el proceso por más de dos años y forzó a Luca a gastarse cientos de euros en abogados para defenderse.

Según el mismo juzgado este caso es un ejemplo de la arrogancia de una enorme compañía contra un modesto consumidor

Finalmente, en diciembre de 2020, el Juzgado de Monza desestimó todos los argumentos de Lenovo, confirmando que el derecho de reembolso del software preinstalado era una obligación. La sentencia remarcó que el fabricante en si mismo había asumido expresamente esta obligación en la licencia de Windows.

Debido al abuso de los procedimientos de apelación se le ordenó a la empresa que pagara los 20.000 euros a Bonissi como forma de compensar el daño causado por un procedimiento de responsabilidad agravado.

 

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