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Algunas noticias de "Copyleft Currents ", el blog de la abogada de código abierto/PI Heather Meeker:El 14 de febrero de 2024, el Tribunal de Apelación de París emitió una orden declarando que Orange, un importante proveedor de telecomunicaciones francés, había infringido los derechos de autor del software Lasso de Entr'Ouvert y había violado la GPL.

Condenaron a Orange a pagar 500.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios y 150.000 euros en concepto de daño moral.

Este caso lleva muchos años en marcha. Entr'ouvert es el editor de Lasso , una biblioteca de referencia para el protocolo Security Assertion Markup Language (SAML), un estándar abierto para que los proveedores de identidad autentiquen a los usuarios y pasen tokens de autenticación a servicios en línea. Este es el protocolo abierto que permite el inicio de sesión único (SSO). El producto Lasso tiene doble licencia de Entr'Ouvert bajo GPL o licencias comerciales.

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La Free Sofware Foundation publicó una publicación de blog aclaratoria esta semana , diciendo que la organización está "complacida cuando la gente usa licencias GNU para distribuir y licenciar software".

Pero "condenamos el uso de derivados de las licencias no autorizados y confusos".Desafortunadamente, algunos autores se involucran en prácticas confusas al redactar licencias utilizando los términos y condiciones existentes de las licencias de software libre GNU, sin la intención de otorgar las cuatro libertades a los usuarios. Por ejemplo, hemos visto durante mucho tiempo intentos de agregar restricciones al texto de la licencia en sí, colocadas en el archivo LICENCIA o incluidas en otra parte de la versión del programa. Un ejemplo es la llamada "Cláusula del Común", que, cuando se aplica a una licencia de software libre, afirma que el programa está cubierto por la licencia. Pero, al mismo tiempo, es contradictorio en su significado al afirmar que está prohibido vender copias del programa o implementar un servicio comercial con el programa.

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DoNotPay, el servicio de "abogado robot" que le ayuda a disputar multas de estacionamiento e incluso demandar a las personas, está lanzando una nueva herramienta para ayudar a los clientes a comprender los acuerdos de licencia.

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El Nuevo Gobierno se estrena con su 'decretazo digital' que permitirá la intervención de internet a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos, al menos, esa es la excusa... Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Ahora, tras el decreto ley recién convalidado con el apoyo del PP y Ciudadanos (50 fotos a favor de PSOE, PP y Cs, 10 en contra de partidos nacionalistas y Vox y 8 abstenciones de Podemos), el Gobierno podrá cortar redes y comunicaciones (y, por tanto, internet) en una zona concreta del territorio español sin orden judicial previa, solo alegando una alteración del "orden publico".

Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico Este, y no otro, es el objetivo que persigue el Real Decreto Ley.

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Como autoridad ocupante, la Administración Civil del Ministerio de Defensa de Israel, órgano que gestiona la ocupación en Cisjordania, subastó recientemente bienes donados por la UE junto con la de varios países europeos, entre ellos España, confiscados por el Ejército Israelí en octubre pasado a civiles palestinos. Los objetos confiscados se trata de los materiales empleados en la construcción de dos aulas prefabricadas en una escuela de la localidad de Ibziq, en el valle del Jordán, demolidas por no contar con autorización israelí. La misión de la Unión Europea en Jerusalén y Ramala condenó el 26 de octubre de 2018, tres días después de la intervención de los soldados israelíes en Ibziq, la demolición de las dos aulas —con capacidad para 49 alumnos de 6 a 12 años— erigidas con fondos europeos. “Cada niño tiene derecho a acceder a la educación y los Estados deben proteger, respetar y aplicar este derecho. Las escuelas son espacios seguros e inviolables para los niños”, rezaba el comunicado de la UE.

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El cofundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres , donde el fundador de WikiLeaks recibió refugio en 2012 mientras estaba en libertad bajo fianza en el Reino Unido por acusaciones de agresión sexual en su contra en Suecia. De un informe:

En ese momento, Assange afirmó que si lo extraditaban a Suecia podría ser arrestado por los Estados Unidos y enfrentar cargos relacionados con la publicación de cientos de miles de cables diplomáticos de los Estados Unidos por parte de WikiLeaks. El periodista y partidario de Assange, John Pilger, llamó la semana pasada a la gente para "llenar la calle frente a la embajada y protegerlo y mostrar solidaridad con un hombre valiente".

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Cuentan en El confidencial: "Es un fallo gravísimo, podías acceder a las carpetas privadas de todos los casos que están llevando todos los abogados de España, sea la Gürtel o cualquier pleito local". Así describe a Teknautas el abogado José Muelas el fallo detectado en LexNet, el sistema electrónico que implantó el Ministerio de Justicia en enero de 2016. Él fue uno de los primeros en dar hoy la voz de alarma en las redes sociales ante la "pasividad de Justicia" por resolver el problema tras comunicárselo. Varios abogados han confirmado a Teknatuas que, efectivamente, el fallo existe. José Luis Hernández, Subdirector General de Nuevas Tecnologías en el Ministerio de Justicia y responsable técnico de LexNet, ha confirmado también a Muelas la existencia del problema. Justicia cerró el sistema durante más de 30 minutos y ahora asegura que la vulnerabilidad está resuelta.

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El nuevo cálculo para la compensación por copia privada que sustituye al conocido como “canon digital” en España se opone a la directiva comunitaria sobre derechos de autor, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que insertar un vídeo con derechos de autor no inflinge el copyright, por lo que no puede ser considerado como una infracción. La sentencia también incluye los casos en los que el vídeo que se inserta ha sido subido a la red sin el permiso del titular de los derechos.

 

Según informa TorrentFreak, esta sentencia ha llegado después de que un tribunal alemán remitiera al Europeo un caso en el que BestWater, una empresa de filtrado de agua, acusaba a dos agentes de la competencia de haber insertado uno de sus vídeos de YouTube en una de sus páginas web personales.

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El "Canon AEDE" fue un añadido de última hora al proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Como tal, los organismos que son frecuentemente consultados y emiten informes sobre los cambios en la legislación no pudieron dar su opinión a tiempo. Una de las afectadas fue la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el máximo organismo regulador en España, que acaba de emitir ahora su informe. Aunque vamos a comentarlo en detalle a continuación, ya os adelanto que no están para nada de acuerdo con esta medida.

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