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La máxima autoridad en Bruselas en materia de protección de datos, el
supervisor europeo para la proteción de datos, ha cuestionado la
legitimidad de las leyes anti P2P aprobadas en algunos estados miembros
como Francia o España. Asegura que son "desproporcionadas" e indicado
que podrían violar dos directivas europeas. El supervisor, Peter Hustinx, indica en un informe
del 22 de febrero, que la normativa europea que la IP de los
usuarios sólo pueden procesarse mediante autorización judicial y por el
periodo de tres o cuatro semanas. Unos parámetros que no respetarían
las leyes de "tres avisos" en boga últimamente.
Continúa en elconomista.
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Justicia
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