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La máxima autoridad en Bruselas en materia de protección de datos, el supervisor europeo para la proteción de datos, ha cuestionado la legitimidad de las leyes anti P2P aprobadas en algunos estados miembros como Francia o España. Asegura que son "desproporcionadas" e indicado que podrían violar dos directivas europeas. El supervisor, Peter Hustinx, indica en un informe del 22 de febrero, que la normativa europea que la IP de los usuarios sólo pueden procesarse mediante autorización judicial y por el periodo de tres o cuatro semanas. Unos parámetros que no respetarían las leyes de "tres avisos" en boga últimamente.

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