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Las Fuerzas de Seguridad del Estado podrán rastrear todas las llamadas telefónicas: su origen, destino, duración y hasta las personas que participen en ellas, según un proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Las operadoras de telefonía estarán obligadas a conservar durante un año los datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica, incluida la que se produzca a través Internet. La iniciativa no afecta, aún así, al contenido de las conversaciones. Además -según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- requerirá "siempre" autorización judicial.

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