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Como era de esperar, se confirmó el atropello a los derechos fundamentales en el país vecino, con la aprobación por los diputados franceses de la “Ley de tres avisos”, que permite la suspensión del servicio de Internet sin control judicial, espiando las conexiones y obligando encima a seguir pagando por el servicio. La ley salió adelante con los votos del gobierno conservador de Sarkozy y aunque los socialistas ya han anunciado que la recurrirán ante el consejo constitucional, tampoco están libres de culpa, ya que una parte de ellos rompió la disciplina del partido votando a favor de la nueva Ley.

Ley que choca frontalmente con la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo que establece que el corte en la conexión únicamente debe producirse tras una orden judicial y ante problemas técnicos de consideración para llevarla a efecto, amén del ataque a la privacidad que la monitorización de las redes supondrá.

Ley que no ayudará a vender más discos, ni a ver más cine ya que pronto se vendrá abajo el cuento de la lechera que indica que a cada descarga ilegal corresponde un ingreso menos para la industria. Aún así, sentará un precedente impredecible en la Francia de las libertades, que con Sarkozy como verdugo, guillotinará a los internautas del país que de todas formas “se buscarán la vida” para acceder a Internet y seguir descargando. Esta Ley es un problema añadido y no una solución.