LinuxParty

La Comisión Europea continúa impulsando nuevas medidas para reforzar la protección de los menores en Internet. Entre ellas se encuentra la implantación de sistemas de verificación de edad que permitan impedir el acceso de menores a determinados contenidos y redes sociales.

Sobre el papel, el objetivo parece difícil de cuestionar. Todos coincidimos en que los menores deben estar protegidos frente a contenidos inapropiados, estafas, manipulación o plataformas diseñadas para captar su atención durante horas.

Sin embargo, cuando la protección de los menores se convierte en la puerta de entrada a sistemas de verificación de identidad obligatorios, conviene preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a ceder privacidad a cambio de seguridad.

La historia se repite

No es la primera vez que una medida nace con una finalidad legítima.

Las cámaras de vigilancia se instalaron para prevenir delitos.

La conservación de determinados datos de comunicaciones se justificó por la lucha contra el terrorismo.

Los sistemas biométricos comenzaron utilizándose para mejorar la seguridad en aeropuertos y fronteras.

En todos los casos existía un objetivo razonable.

La cuestión no suele ser el propósito inicial, sino hasta dónde puede extenderse una vez que la infraestructura ya existe.

Porque una vez creado un sistema capaz de verificar la identidad de millones de ciudadanos, la tentación de utilizarlo para nuevos fines siempre estará presente.

Hoy puede servir para impedir que un menor acceda a una red social.

¿Y mañana?

La privacidad es un derecho, no un obstáculo

Desde hace años, la Unión Europea ha sido uno de los mayores defensores de la privacidad digital. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) marcó un antes y un después en la protección de la información personal.

Precisamente por eso resulta paradójico que ahora el debate se centre en cómo identificar cada vez a más ciudadanos para acceder a determinados servicios digitales.

Aunque las instituciones europeas aseguran que estos sistemas incorporarán garantías técnicas y minimizarán la cantidad de datos compartidos, sigue habiendo preguntas importantes que merecen respuesta.

¿Quién custodiará esa información?

¿Durante cuánto tiempo?

¿Qué organismos podrán acceder a ella?

¿Qué ocurrirá si en el futuro cambian las normas o las prioridades políticas?

Cuando hablamos de identidad digital, las preguntas son tan importantes como las respuestas.

La pendiente resbaladiza

Existe un concepto muy conocido en Derecho y en seguridad informática: la pendiente resbaladiza.

Consiste en que una medida inicialmente limitada termina ampliándose poco a poco hasta alcanzar situaciones que nadie imaginaba cuando fue aprobada.

Primero verificamos la edad para acceder a una red social.

Después para comentar una noticia.

Más tarde para participar en un foro.

Quizá algún día para acceder a determinados servicios considerados "sensibles".

Cada paso, por separado, puede parecer razonable.

Pero la suma de todos ellos termina dibujando un escenario completamente distinto.

Internet nació siendo libre

Uno de los grandes éxitos de Internet fue precisamente la ausencia de barreras de entrada.

Cualquier persona podía publicar una página web.

Crear un foro.

Escribir un blog.

Participar en una comunidad técnica.

Compartir conocimiento.

Linux, el software libre y buena parte de los proyectos Open Source crecieron gracias a esa libertad.

Una libertad que no significaba ausencia de leyes, sino ausencia de controles innecesarios para participar en la Red.

Cuantas más capas de identificación obligatoria añadimos, más nos alejamos de aquella filosofía abierta que convirtió Internet en la mayor herramienta de intercambio de conocimiento jamás creada.

Seguridad sí… pero con límites

Nadie discute la necesidad de proteger a los menores.

Nadie defiende que Internet deba convertirse en un espacio sin normas.

La cuestión es otra.

¿Es imprescindible identificar a todos los ciudadanos para proteger a una parte de ellos?

¿Existen soluciones menos invasivas?

¿Estamos diseñando mecanismos proporcionados o construyendo una infraestructura de control que podrá utilizarse con otros fines dentro de diez o veinte años?

La tecnología siempre ofrece herramientas.

La responsabilidad está en decidir cómo utilizarlas y, sobre todo, cuáles son los límites que una sociedad democrática no debería cruzar.

Una reflexión necesaria

Cada generación ha tenido que decidir qué libertades estaba dispuesta a sacrificar a cambio de una mayor sensación de seguridad.

Nuestra generación no será diferente.

Es comprensible que los gobiernos quieran responder a problemas reales como la protección de los menores, la desinformación o la ciberdelincuencia.

Pero también es legítimo preguntarse si algunas soluciones pueden acabar teniendo consecuencias mucho más amplias que el problema que pretenden resolver.

Porque la privacidad no protege únicamente a quien tiene algo que ocultar.

Protege a cualquier ciudadano frente a posibles abusos de poder, presentes o futuros.

Y la historia nos enseña que recuperar una libertad perdida suele ser mucho más difícil que conservarla desde el principio.

¿Hacia dónde queremos ir?

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso.

La identidad digital, la inteligencia artificial, la biometría y los sistemas de verificación serán cada vez más habituales en nuestra vida cotidiana.

La verdadera pregunta ya no es si estas tecnologías pueden implantarse.

La pregunta es cómo queremos que se utilicen y qué garantías exigiremos como ciudadanos.

Porque una sociedad libre no se mide únicamente por su capacidad para proteger a sus ciudadanos, sino también por su capacidad para hacerlo sin convertir a cada ciudadano en un sospechoso permanente.

Y es aquí donde conviene hacerse una última pregunta, quizá incómoda, pero necesaria:

Si aceptamos sin apenas debate que para acceder a determinados servicios en Internet debemos identificarnos constantemente, ¿podríamos terminar acercándonos, poco a poco, a modelos de control digital más propios de países como China o Rusia?

La respuesta probablemente dependerá menos de la tecnología y mucho más de nuestra capacidad para defender, al mismo tiempo, la seguridad, la privacidad y las libertades civiles que han definido Internet desde sus orígenes.